El pasado 26 de marzo desarrollamos un conversatorio sobre la grave crisis penitenciaria que enfrenta el país y sus efectos sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL).
El encuentro reunió a voces expertas de distintas instituciones como el INPEC, la USPEC, la Universidad Externado, la Universidad del Rosario y organizaciones sociales, que abordaron desde distintas perspectivas las fallas del sistema carcelario, la persistente vulneración de derechos y la urgencia de implementar enfoques restaurativos y humanos.
Una mirada integral a los retos del sistema
A partir de su experiencia como exdirector general de la USPEC, Ludwing Valero destacó la importancia de ampliar las alternativas al uso exclusivo de Unidades de Tratamiento Especial (UTE) para personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas, proponiendo un papel más activo de las comunidades terapéuticas. También se refirió a la Ley 2292 de 2023, que considera una oportunidad para fortalecer un enfoque restaurativo, especialmente con mujeres cabeza de familia en contextos de vulnerabilidad.
Desde el Instituto SERES, Valentina Villamarín advirtió que el sistema penitenciario colombiano sigue vulnerando la humanidad de las personas privadas de la libertad y llamó la atención sobre la indiferencia institucional ante situaciones críticas de salud en los centros de reclusión. No obstante, destacó la creciente apertura del INPEC hacia organizaciones sociales, que hoy desarrollan iniciativas orientadas al bienestar dentro de las cárceles.
Marcela Gutiérrez, directora del Centro de Investigación en Política Criminal del Externado, planteó una crítica al modelo de criminalización imperante, señalando que el aumento de penas no se traduce en disminución efectiva del delito. Afirmó que, mientras el sistema se mantenga centrado en el encierro y el castigo, será difícil avanzar hacia una justicia verdaderamente restaurativa.
Por su parte, el teniente coronel Rolando Ramírez Sanabria, administrador policial y director de custodia y vigilancia del INPEC, expuso la necesidad de crear condiciones reales para que las PPL puedan acceder a oportunidades productivas. Indicó que muchas empresas estarían dispuestas a contratar, pero los espacios en los centros de reclusión no lo permiten. Además, subrayó que cerca del 50 % de la población privada de la libertad está sindicada, lo cual revela fallas en el sistema judicial.
Desde una perspectiva de derechos humanos, Esperanza Bustamante, directora de la Corporación Corazón Humano, insistió en que las comunidades terapéuticas deben replicarse en más establecimientos penitenciarios, sin olvidar la centralidad de las víctimas en todo proceso restaurativo. Cuestionó además la idea de que más cupos carcelarios se traduzcan en menos delincuencia, haciendo referencia al modelo adoptado en El Salvador.
Finalmente, el concejal de Bogotá Germán García advirtió sobre los riesgos del populismo punitivo en contextos electorales, donde se prometen penas más severas sin un análisis real de sus implicaciones en la seguridad ciudadana.
Conclusiones clave del conversatorio
- Es urgente fomentar una cultura que permita denunciar abusos dentro del sistema penitenciario, garantizando la dignidad y protección de la población privada de la libertad.
- Es necesario que los jueces visiten personalmente los centros penitenciarios para conocer de primera mano las condiciones de las PPL, especialmente en temas de salud y beneficios jurídicos.
- La actual crisis no solo se refleja en la vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino también en la ausencia de enfoques restaurativos eficaces. Se requiere repensar el uso del castigo como única herramienta de justicia.
- Es fundamental habilitar condiciones que permitan a las PPL generar ingresos y avanzar en procesos de resocialización con sentido restaurativo y dignificante.
- El aumento de penas no garantiza mayor seguridad. Se necesita un debate serio, informado y basado en evidencia para reformar la política criminal del país.
Este diálogo se enmarca en la línea de investigación social sobre asuntos penitenciarios del Instituto SERES, que continúa trabajando en alianzas interinstitucionales para visibilizar las realidades del sistema carcelario colombiano y proponer caminos de transformación desde una perspectiva de derechos, justicia social y dignidad humana.
