El Proyecto de Ley número 150 de 2022 del Senado y 420 de 2023 de la Cámara, conocido como la “Ley de Concursos Independientes para Personas con Discapacidad”, busca modificar el acceso y ascenso en la carrera administrativa para promover la inclusión laboral. Introduce concursos específicos para personas con discapacidad, garantizando oportunidades equitativas en la administración pública. Además, establece la gratuidad de la inscripción, eliminando barreras económicas y facilitando la participación.

El Proyecto de Ley número 325 de 2023 del Senado y 122 de 2022 de la Cámara busca reconocer la “Mudanza Folclórica” como patrimonio cultural inmaterial de la Nación, celebrada durante el Festival de la Paletilla en Becerril, Cesar, a finales de enero y principios de febrero. Además, establece un plan especial de salvaguardia para proteger y promover esta expresión cultural, asegurando su continuidad y preservación como parte del patrimonio cultural colombiano.

Apreciada Comunidad Rosarista,

Me permito informar que los Consiliarios Merlín Patricia Grueso Hinestroza, Alejandro José Useche Arévalo y Alberto Fergusson Bermúdez han tomado la decisión de presentar su renuncia a la Consiliatura.

Agradezco profundamente su compromiso y la labor que han desempeñado en este órgano de gobierno especialmente para la elección de rector y síndico de la universidad 

En aras de garantizar la gobernabilidad y estabilidad durante este período de transición, sus renuncias se harán efectivas una vez el Colegio Elector de Consiliarios haya finalizado el proceso de elección. De esta manera, aseguramos la continuidad de las funciones de la Consiliatura y el cumplimiento de sus responsabilidades.

Reitero mi gratitud a los Consiliarios salientes y confío en que seguirán aportando, desde distintos escenarios, a la construcción del futuro de nuestra comunidad académica.

Cordial saludo,

ANA ISABEL GÓMEZ CÓRDOBA
Rectora
Universidad del Rosario

El Proyecto de Ley busca declarar de utilidad pública e interés social todas las actividades relacionadas con la infraestructura de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación (TIC), incluyendo su tendido, construcción, instalación, ampliación, modificación, operación y mantenimiento. Su objetivo es facilitar la ejecución de proyectos para mejorar y expandir esta infraestructura en Colombia, proponiendo la creación de servidumbres legales para el acceso y uso de terrenos necesarios.

La ley reconoce al río Ranchería y sus ecosistemas como sujetos de derechos, garantizando su protección y restauración. El Estado, junto a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, será responsable de asegurar estos derechos y su participación en la gestión del río. Se implementará un plan de manejo integral que equilibre el desarrollo humano y la conservación ambiental, respetando la relación cultural y espiritual de las comunidades con el río.

Uno de los objetivos principales de la ley es establecer consultorios en programas académicos de psicología autorizados por el Ministerio de Educación. Estos consultorios se definirán como espacios donde los estudiantes podrán desarrollar habilidades profesionales bajo la supervisión de personal docente y administrativo.

La ley busca reconocer las prácticas relacionadas con el tiple de Envigado como patrimonio inmaterial de la nación, promoviendo su música y técnicas de fabricación.

Se fomentará la enseñanza del tiple a través de eventos culturales y programas educativos, asegurando su preservación entre las nuevas generaciones. También se establecerán medidas de apoyo para artesanos y músicos, garantizando el reconocimiento de su labor.

La ley honra al movimiento sufragista en Colombia por su contribución a los derechos políticos de las mujeres, especialmente al voto. Establece el 25 de agosto como el Día de la Conmemoración, promoviendo actividades culturales y académicas. También autoriza una escultura en bronce y un documental sobre su importancia.

Se intenta armonizar la normativa tributaria vigente en Colombia para beneficiar a las familias con hijos dependientes o en situación de discapacidad. Esto incluye ajustes y beneficios fiscales que faciliten la carga económica de estas familias, promoviendo un entorno más equitativo y justo para quienes tienen responsabilidades adicionales debido a la dependencia o discapacidad de sus hijos