Por medio de esta Ley se busca promover e incentivar el uso del tapabocas inclusivos y demás elementos que permiten y garantizan la comunicación de personas con discapacidad auditiva.

Por medio de esta Ley se busca establecer medidas para garantizar el cumplimento de las obligaciones alimentarias y crear el registro de deudores alimentarios morosos, como mecanismo de control al incumplimiento de estas obligaciones.

Por medio de esta Ley se aprueba la eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta sin crear oportunidades de no imposición o reducción de impuestos mediante la evasión o elusión tributaria y con el fin de desarrollar la relación económica entre Japón y Colombia y mejorar su cooperación en asuntos fiscales.

Por medio de esta Ley se busca modificar algunos artículos de la Ley 1952 de 2019 por medio de la cual se expide El Código General Disciplinario se deroga la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1437 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.

La presente tiene el objetivo de establecer disposiciones que permitan luchar contra el dopaje en el deporte, de conformidad con los parámetros y los estándares de la Agencia Mundial Antidopaje, consagrados en el Código Mundial Antidopaje vigente, buscando la protección de la salud de los deportistas y la preservación del juego limpio. Se destaca la responsabilidad de las respectivas entidades y las etapas de la gestión de resultados.

La presente ley tiene por objeto crear la categoría de municipios denominada “Ciudad capital”, una asignación de recursos y reglas focalizadas tendientes a procurar el desarrollo territorial, y las relaciones capitales con la nación y otras entidades territoriales junto con la Comisión de Coordinación y seguimiento de las relaciones.

Modifica el artículo 380 del Código Penal en el que se regulan las situaciones de suministro ilegal a deportistas, las sanciones respectivas y el aumento de las penas en determinados casos.

Modifica el artículo 83 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), estableciendo que la acción penal cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años, es imprescriptible.

Por medio de la presente se pretende agilizar los trámites, reducir la congestión de los procesos y resolver las principales contradicciones del Código. Así pues, entre los cambios sustanciales introducidos se encuentra que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de la nulidad contra los actos administrativos (i) proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos y (ii) de los actos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea superior a 500 SMMLV. Por otra parte, establece que en materia de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso: 250 SMMLV en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales.
 

La presente ley tiene por objeto reconocer la política pública de hábitat y vivienda corno una política de Estado que diseñe y adopte normas destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos. Siendo esta aplicable esencialmente a las actuaciones que desarrollen las autoridades administrativas en el marco del diseño, de la formulación ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública habitacional, en especial, aquellas a cargo del Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las autoridades ambientales, las entidades descentralizadas, las áreas metropolitanas y todas las demás que desempeñen funciones tendientes a lograr la satisf¡acción del derecho a una vivienda y hábitat dignos.