Con el objetivo de analizar el impacto de la Ley Ángel —considerada el mayor avance legislativo en protección animal en Colombia—, nuestra universidad organizó un conversatorio que reunió a la Senadora Andrea Padilla, autora de la ley; Diana Rocío Bernal, codirectora de la Maestría en Bioética y Bioderecho de nuestra Facultad de Jurisprudencia; al abogado constitucionalista Luis Domingo Gómez; y representantes de organizaciones animalistas, junto a otros destacados expertos.
Durante el encuentro se destacaron tres ideas principales. Primero, la Ley Ángel representa un punto de inflexión histórico en la protección animal en Colombia, fortaleciendo las sanciones penales, prohibiendo que agresores reincidan en la tenencia de animales y agilizando los procedimientos para castigar el maltrato.
En segundo lugar, desde el ámbito académico y jurídico se destacó la importancia de reconocer éticamente a los animales como sujetos que merecen especial protección constitucional.
Finalmente, desde el activismo, se enfatizó que esta ley es un paso inicial que debe complementarse con educación ciudadana, vigilancia activa y compromiso institucional.
Diana Rocío Bernal, desde nuestra institución, subrayó que la Ley Ángel no solo tiene un impacto jurídico, sino que también representa una declaración ética que busca transformar la percepción social hacia el maltrato animal. Bernal resaltó la obligatoriedad de capacitar anualmente a jueces, fiscales y policías, así como la necesidad urgente de implementar rutas claras y eficaces para denunciar el maltrato animal en cada municipio. Asimismo, enfatizó el papel transformador de nuestra universidad en educar a profesionales comprometidos con la defensa ética, jurídica y cultural de los derechos animales.
Andrea Padilla destacó la ley como "una respuesta contundente al dolor causado por el maltrato animal y a la histórica indiferencia institucional". La Senadora explicó que la nueva legislación establece penas más claras y severas, diferencia entre lesiones y muertes causadas a animales, y promueve procesos judiciales más rápidos, obligando a audiencias en plazos máximos de cinco días.
Por su parte, Luis Domingo Gómez afirmó que "la Ley Ángel convierte un ideal ético en política pública concreta". El experto constitucional señaló que la ley amplía significativamente el Estatuto Nacional de Protección Animal vigente desde 1989, adaptándolo a las necesidades actuales y asegurando mayor eficacia en su implementación mediante la creación de fondos municipales dedicados exclusivamente al bienestar animal.
Desde las organizaciones sociales también se escucharon voces importantes sobre la ley. Sandra Rojas, vocera del Observatorio Animalista, enfatizó que la ley debe ser vista como un punto de partida hacia una ciudadanía más vigilante y comprometida. Viviana Nieto, fundadora de la Asociación Mi Mejor Amigo, destacó que esta legislación no solo debe proteger, sino también fomentar la sanación y rehabilitación. Finalmente, Paula Hernández, voluntaria del colectivo Protective Wolf del Instituto SERES de nuestra universidad, resaltó la importancia de educar desde temprana edad en valores como empatía, responsabilidad y compasión.
Este conversatorio reafirma el compromiso de nuestra institución con la generación de espacios de reflexión crítica y ética, encaminados hacia una sociedad más justa y responsable, en la que el maltrato animal no sea tolerado ni invisibilizado.
