La Ley 2384 del 19 de julio de 2024 modifica la Ley 1861 de 2017 para incentivar los derechos y deberes del servicio militar obligatorio. Busca mejorar las condiciones y beneficios de los conscriptos, y establece nuevas disposiciones para fortalecer el reclutamiento y la movilización de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La Ley 2383 del 19 de julio de 2024 promueve la educación socioemocional en instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media en Colombia, estableciendo un marco integral para desarrollar competencias cognitivas, sociales y emocionales, e involucrando a estudiantes, docentes y padres de familia en su implementación.

La Ley 2382 del 16 de julio de 2024, originada en el Senado como proyecto 284/24 y en la Cámara como proyecto 405/24, amplía las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas, permitiendo al gobierno aumentar el cupo de endeudamiento en 17,607 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, y ajustar la determinación temporal para utilizar estas autorizaciones de manera más eficiente.

La Ley 2381 del 16 de julio de 2024 establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez en Colombia, garantizando protección contra las contingencias de la vejez, invalidez y muerte mediante un sistema de pilares que incluye un pilar contributivo obligatorio para quienes ganan hasta 2.3 SMMLV y un pilar solidario para quienes no cumplen con los requisitos para una pensión contributiva, financiado por el presupuesto nacional y aportes individuales; además, se reconoce una pensión integral combinada, se permite la reducción de semanas de cotización por hijos y se ofrece la posibi

La Ley 2380 del 15 de julio de 2024 promueve la donación de alimentos, refuerza la seguridad alimentaria y contribuye al objetivo de "Hambre Cero" en Colombia. Fomenta la entrega de alimentos a bancos sin ánimo de lucro, incluyendo aquellos gestionados por iglesias. La ley también garantiza una distribución eficiente de los alimentos donados a poblaciones vulnerables y establece incentivos fiscales para las empresas que participen en la donación. Además, facilita la creación y fortalecimiento de bancos de alimentos en todo el país.

La Ley 2379 del 15 de julio de 2024 eleva San Basilio de Palenque, en Bolívar, a municipio para proteger su Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y su patrimonio cultural. Este reconocimiento fortalece la comunidad en la conservación de sus tradiciones e identidad, otorga mayor autonomía y permite una gestión más eficiente de sus recursos.

La Ley 2378 del 15 de julio de 2024 establece lineamientos para la política nacional de mercadeo agropecuario en Colombia, con el objetivo de optimizar la producción y comercialización agropecuaria, reducir la intermediación para que los campesinos mantengan más ingresos y fortalecer la competitividad del sector mediante un ordenamiento productivo eficiente y apoyo técnico y financiero a pequeños y medianos productores.

La Ley 2377 del 15 de julio de 2024 establece la creación de Consultorios Psicológicos Comunitarios en los programas de psicología de las instituciones de educación superior en Colombia. Esta legislación busca proporcionar a los estudiantes de psicología un entorno de aprendizaje práctico, permitiéndoles ofrecer acompañamiento y consejería a personas en condiciones de vulnerabilidad que requieren apoyo en salud mental.

La Ley 2376 del 12 de julio de 2024 designa como zonas de interés ambiental el sistema cenagoso de la Zapatosa, la Ciénaga de Mallorquín y la Ciénaga de Zapayán. Autoriza recursos para su rehabilitación ecológica y promueve proyectos de ecoturismo. También establece estudios de capacidad de carga para equilibrar el desarrollo económico y la conservación ambiental.

La nueva ley inhabilita a quienes sean condenados por delitos sexuales contra menores de edad de ejercer roles con contacto directo y habitual con niños, con inhabilidades de 30 a 60 años. Incluye profesiones como docentes y personal de salud, y sanciona a entidades que contraten a inhabilitados con multas de cinco a cien salarios mínimos. Los recursos se destinarán a combatir la explotación sexual de menores. La ley entra en vigencia de inmediato, reforzando la protección infantil.