La nueva ley inhabilita a quienes sean condenados por delitos sexuales contra menores de edad de ejercer roles con contacto directo y habitual con niños, con inhabilidades de 30 a 60 años. Incluye profesiones como docentes y personal de salud, y sanciona a entidades que contraten a inhabilitados con multas de cinco a cien salarios mínimos. Los recursos se destinarán a combatir la explotación sexual de menores. La ley entra en vigencia de inmediato, reforzando la protección infantil.