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Prácticas de selección de servidores públicos, percepciones de corrupción y satisfacción con el empleo: el caso colombiano

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Este es un trabajo de tesis de Maestría en Economía de la Universidad del Rosario, dirigida por el profesor Mounu Prem, destacado por su calidad científica.

Por: Andrés Yesid Calderón Amaya

La creciente demanda por bienes y servicios públicos en las economías emergentes requiere de una mejora en la calidad de los servidores públicos, es decir su eficacia, integridad y capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía, pues son de vital importancia para el desempeño del gobierno (Besley, Burgess, Khan, & Xu, 2022; Finan, Olken, & Pande, 2017). A su vez, la aptitud de los servidores depende de cómo se seleccionan y retienen, entre otros aspectos. Dos aproximaciones han dominado el debate sobre la construcción del servicio civil. El primero propone el reclutamiento a través de un sistema competitivo y la protección del funcionario contra los despidos políticos. El segundo otorga a los políticos discreción en el proceso de contratación. En la práctica, ambos coexisten en todos los gobiernos con diferentes grados de importancia.

¿Qué sucede cuando las entidades públicas optan por el segundo método al usar más practicas discrecionales en los procesos de selección? El daño en la meritocracia podría aumentar las percepciones de corrupción, empeorando la confianza entre los funcionarios públicos. Esto podría llevar a una baja satisfacción laboral y, en últimas, a una disminución en la eficiencia del sector público.

Para corroborar estas hipótesis, estudio el efecto de pasar de un sistema de contratación rígido en el sector público a otro donde la discreción a través de contratos no competitivos y temporales se convierte en la norma (Calderón-Amaya, 2023). Específicamente, analizo el impacto de una ley colombiana que prohibió a ciertas entidades gubernamentales aumentar sus gastos operativos de personal en términos reales a partir del 2000, mientras imponía menos restricciones a otras agencias. Específicamente, la ley se aplicó a las entidades del poder ejecutivo territorial: gobernaciones (a nivel departamental) y alcaldías (a nivel municipal).

Estas entidades comenzaron a usar contratos a corto plazo del régimen de contratación directa (lo que significa que omiten licitaciones o convocatorias de servicio civil) para evadir la legislación y el hecho de que no hubo procesos meritocráticos para incorporar empleados del gobierno a nivel local antes de 2020. El resultado: los funcionarios públicos en de la rama ejecutiva territorial tuvieron un aumento diferencial en la exposición a prácticas discrecionales de contratación, en comparación con aquellos en el grupo de control de agencias (es decir, aquellos de otras ramas del gobierno o a nivel nacional), que tenían menos restricciones para contratar personal y se beneficiaban de procesos de selección competitivos.

Evalúo el efecto de esta ley en tres aspectos del sector público colombiano: las percepciones de corrupción en los procesos de contratación por parte de los empleados públicos, la satisfacción con el empleo público y el manejo inadecuado de los recursos públicos. Hipotetizo que el cambio en la legislación disminuyó la meritocracia en las agencias afectadas, lo que erosionó la confianza entre los burócratas (medida por las percepciones de corrupción). Keefer & Vlaicu (2024) encuentran que los empleados públicos con mayores niveles de confianza en América Latina tienen una motivación más alta, están más dispuestos a colaborar con sus colegas y son más abiertos a la innovación, tres factores que determinan el desempeño general del empleado. Utilizo esta evidencia para argumentar que la reforma condujo potencialmente a una disminución de la satisfacción laboral y al eventual deterioro de la eficiencia del gasto público.

Resultados

Para explorar el impacto sobre las percepciones de corrupción utilizo datos de una encuesta que se aplica exclusivamente a empleados de planta de las entidades públicas. Allí encuentro que aquellos que trabajan para gobiernos territoriales experimentaron un aumento diferencial en las percepciones de corrupción después del cambio en la legislación, medidas a través de la percepción de la importancia de vínculos personales y familiares, redes políticas, y dinero y favores en los procesos de selección. El incremento representa hasta un 25% del promedio de las variables antes de la implementación de la reforma.

Respecto a la satisfacción del trabajo, encuentro que los servidores públicos de las entidades del orden territorial experimentaron una reducción diferencial en todas las medidas de satisfacción con el trabajo, aunque el impacto en la satisfacción del trabajo en sí es inconcluso en términos estadísticos. Una de las variables impactadas significativamente es un indicador del número de aspectos con los cuales el servidor está satisfecho, entre los que están el tipo de contrato, el salario y los beneficios, la jornada laboral, y el trabajo como tal. Este indicador tiene una reducción diferencial de alrededor de 6.43% con respecto al promedio antes de la reforma.

Mecanismo

Para explorar el mecanismo detrás de los efectos negativos de la reforma sobre las percepciones de corrupción y la satisfacción con el empleo, estudio si efectivamente hubo un deterioro en la meritocracia en los procesos de contratación. Usando datos de las encuestas de hogares, que contienen preguntas sobre cómo el servidor obtuvo el empleo, encuentro un incremento relativo de 42% con respecto al promedio antes de la reforma en la probabilidad de ingresar gracias a las ayudas de familiares, amigos, y colegas para los servidores en el nivel territorial, comparado con aquellos que trabajan en el orden nacional o en otras ramas. Al mismo tiempo, encuentro una reducción en la probabilidad de entrar vía convocatorias, cuya magnitud representa 39% del promedio antes de la reforma.  

Bibliografía

Besley, T., Burgess, R., Khan, A., & Xu, G. (2022). Bureaucracy and Development. Annual Review of Economics, 14(1), 397-424. doi:10.1146/annurev-economics-080521-011950

Calderón-Amaya, A.Y. (2023). The impact of discretionary hiring on bureaucrats' corruption perceptions, satisfaction, and the mishandling of public resources. Tesis de Maestría, Universidad del Rosario. doi.org/10.48713/10336_38189

Finan, F., Olken, B. A., & Pande, R. (2017). Chapter 6 - The Personnel Economics of the Developing State. In E. Duflo, & A. Banerjee (Eds.), Handbook of Economic Field Experiments (Vol. 2, pp. 467-514). North Holland Publishing Company. doi:10.1016/bs.hefe.2016.08.001

Keefer, P., & Vlaicu, R. (2024). Employee trust and performance constraints in public sector organizations. European Journal of Political Economy. doi:10.1016/j.ejpoleco.2024.102503

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