La situación salió a la luz por el caso de Lucas Acuña y su familia, quienes desde 2020 han recibido tres órdenes de evacuación sin que las autoridades garantizarán una solución definitiva. Ellos habitan cuatro predios en el barrio Los Alpes, una zona con alto riesgo de deslizamientos que amenaza constantemente su vida y su vivienda. La gravedad de la situación es evidente: el barrio Villas del Progreso, a solo 50 metros, ya había sido incluido en el programa de reasentamiento.
Luego de que el IDIGER se negara en dos ocasiones a emitir el concepto técnico necesario para su reubicación, argumentando que el peligro se debía a la supuesta mala construcción de las viviendas y no a las condiciones geográficas del terreno, el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de nuestra Universidad acompañó la interposición de una tutela para proteger los derechos a la vivienda digna, la igualdad y la integridad personal de Lucas Acuña y su familia, la cual llegó hasta la Corte Constitucional.
El alto tribunal seleccionó el caso para revisión y por medio de la sentencia T-122 de 2024 ordenó a la Secretaría de Hábitat instruir al IDIGER para emitir el concepto técnico en un plazo máximo de 48 horas, y al IDIGER para realizarlo en un máximo de 10 días, explicó María Alejandra Vargas, abogada del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario.
Tras un proceso marcado por la falta de voluntad institucional y la demora en el cumplimiento de la sentencia, finalmente el IDIGER reconoció que el barrio Los Alpes se encuentra en una zona de alto riesgo no mitigable. La decisión de la Corte Constitucional permitió que no solo la familia Acuña, sino que en total 130 familias del sector que se encuentran en la misma zona de riesgo, fueran incluidas en el programa de reasentamiento.
A pesar de este importante logro en materia de protección de derechos, el proceso avanza con lentitud. Aunque el fallo judicial abrió la puerta a la protección de estas familias, el reasentamiento aún no se ha concretado, resaltó la abogada del GAP de nuestra Universidad.
En el caso de la familia Acuña, la Caja de Vivienda Popular, entidad encargada de ejecutar los traslados, ha mantenido trabas burocráticas al argumentar que en el mismo predio ya había sido reubicado otro hogar en el pasado, yendo en contravía con lo indicado en las normas, dijo Vargas.
“Este tipo de interpretaciones desconoce el alcance de la sentencia de la Corte Constitucional y prolonga la vulneración de derechos, dejando a Lucas, a su familia y a decenas de familias, en una situación de riesgo que la sentencia buscaba superar”, advirtió la abogada del GAP.
Por el momento, los habitantes del barrio Los Alpes en Ciudad Bolívar siguen viviendo bajo la amenaza constante de un deslizamiento y a la espera de una respuesta efectiva de las autoridades distritales.
