El "Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura" (OPCAT) busca prevenir la tortura mediante visitas regulares a lugares de detención. En Colombia, ratificado en 2012, la Defensoría del Pueblo actúa como Mecanismo Nacional de Prevención, evaluando condiciones en cárceles y otros centros para garantizar el respeto a los derechos humanos.