La ley reconoce al río Ranchería y sus ecosistemas como sujetos de derechos, garantizando su protección y restauración. El Estado, junto a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, será responsable de asegurar estos derechos y su participación en la gestión del río. Se implementará un plan de manejo integral que equilibre el desarrollo humano y la conservación ambiental, respetando la relación cultural y espiritual de las comunidades con el río.