La democracia debe apuntar a un ambiente en el cual las ciudadanías convivan en igualdad y en la que los recursos y el bienestar sean distribuidos equitativamente.

Los procesos democráticos se ven permeados por la desigualdad, porque el grado de influencia que tienen las personas no son los mismos, en la medida en que unas tienen más recursos, que otras, este primer grupo puede influir más en las decisiones políticas.

La paridad de género es fundamental para el ejercicio de la democracia.

¿Cómo lograr que en la discusión democrática, las diferencias en el grado de influencia, como la riqueza y el prestigio, no estén permeando el actuar político?

Siguiendo las teorías del reconocimiento, los derechos son algo que se han ganado como producto de luchas sociales. En este sentido, los cambios no se hacen desde la academia o la política, los cambios los hace la gente reconociendo la experiencia vital de los grupos que históricamente han sido oprimidos.

Los prejuicios sobre el ejercicio público de las mujeres son sustanciales.

Hay tanto factores institucionales como obstáculos estructurales para la participación política femenina.

La paridad de género es fundamental para el ejercicio de la democracia.

En la arena política, las mujeres tenemos menor influencia y representación política.

El concepto de distribución puede estar atado a equidad al cuestionarnos acerca de quiénes están detrás de los mecanismos de distribución en una democracia.

¿El mérito podría ser un valor que puede sustentar una democracia con equidad?

¿Cómo funciona una democracia en la que la participación política se expresa en poder votar y ser elegidas/os pero se restringe la aparición política de la ciudadanía en el espacio público?

A lo largo de todos los hogares bogotanos encontramos que, si bien los alimentos han jugado un papel importante y tienen una participación importante en la estructura de consumo de los hogares, hay un tema sustancial en Bogotá: el incremento importante en el gasto de sostenimiento de la vivienda, tanto de pago de vivienda, arriendo, hipotecas como servicios públicos domiciliarios. Este problema plantea la necesidad de formular políticas de déficit de vivienda, uso del suelo y revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.

No estábamos siendo capaces de reducir sustancialmente la pobreza en Colombia y en Bogotá. Y seguro esta tendencia no tan efectiva, nos golpeó mucho más cuando recibimos la crisis sanitaria que enfrentamos desde marzo del 2020.

Cuando pensamos que [con la llegada de la pandemia] perdimos en un año todo lo que hicimos en 20 años, quizás, desde antes ya estábamos empezando a perder lo que logramos hacer entre 2000 y 2010.

La pregunta sobre igualdad de qué ha planteado al menos tres dimensiones: el bienestar subjetivo, los bienes y lo que pueden hacer las personas con esos bienes (capacidades).

En Colombia y en el mundo se ha avanzado de indicadores monetarios a indicadores de bien-estar (well-being) o condiciones de vida. En este tipo de indicadores en Colombia, el gran cambio que hubo entre el Índice de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el Índice de pobreza multidimensional (IPM), es que el primero se centra en las características de la vivienda, mientras que el segundo aborda las diversas condiciones de vida o posibilidades de ser y hacer.

El bien-estar (well-being), medido en términos de bienestar en términos de mejor salud, calidad de la educación, cultivos ilícitos y pobreza, que han alcanzado los municipios en Colombia está correlacionado con las características de las instituciones locales. Mejores instituciones locales están asociadas a niveles de bien-estar más alto.

Interseccionalidad es entender que las personas tenemos diferentes atributos-marcadores que interactúan entre sí y que producen resultados muy distintos en acceso a recursos y oportunidades. Así, los efectos de los atributos de las personas se multiplican en lugar de sumarse: la discriminación que sufre una mujer afro es distinta a la suma de la de las mujeres y los afros por separado.

En Colombia, la tasa de analfabetismo en mujeres rurales cambia mucho entre las regiones, mientras que en otros países de América Latina la región no marca una gran diferencia.

Por ello, parece que en Colombia sí tenemos una dimensión importante de lo regional que impacta la desigualdad.

La interseccionalidad en las políticas públicas es fundamental para diseñar políticas públicas diferenciadas y más efectivas.

La educación de calidad fomenta el desarrollo de competencias que son necesarias y fundamentales para tener una vida digna. Además, toma en cuenta la diversidad de los estudiantes en su entorno social, cultural, demográfico, su género y etnia, garantizando una educación también inclusiva.

En el siglo XXI se plantea que la educación además de ser de calidad, se focalice en garantizar el éxito escolar de todos los estudiantes, desarrollando competencias que son condición esencial para la vida.

Bajo la idea de educación inclusiva, se busca que la equidad compense la igualdad brindando un trato desigual a los estudiantes para reconocer su diversidad cultural, social, política y física. Esto es fundamental si se tiene en cuenta que en sociedades en las que es cada vez más injusta la distribución de la riqueza, una educación homogénea se traduce en trayectorias y logros marcadamente diferentes.

Según la ley Equidad en salud por el Sistema General de Seguridad debe garantizar el acceso al Plan de beneficios a los afiliados, independientemente de su capacidad de pago y condiciones particulares.

Todas las personas deberían poder acceder a los servicios de salud, de calidad y eficientes, tales como prevención, promoción, tratamiento, cuidados paliativos y de rehabilitación. Esto beneficia la calidad de vida digna y próspera de las personas y, por tanto, incentiva la producción.

La priorización de servicios de salud puede ser explícita, con una lista de tecnologías que debe actualizarse constantemente, o implícita, que implica mayores tiempos de espera, procesos burocráticos, desviaciones, entre otras. En la práctica, la priorización implícita es la que impera en el sistema de salud colombiano, dejándola en manos de las aseguradoras, salvo en los casos más extremos (como tratamientos experimentales).

La Bioética Global es un nuevo enfoque proyectado desde la ética para la toma de decisiones que involucran a todos debido a que somos parte de un mismo planeta. Esto implica un acercamiento a la salud alrededor de la solidaridad, el respeto y la vulnerabilidad que, junto a la cooperación fomenta la igualdad, la justicia y la equidad con una responsabilidad de todos, para compartir beneficios de los cuales se beneficiarán las generaciones futuras.

La equidad en los servicios de salud debe ser una responsabilidad y un enfoque de todos los ciudadanos, los organismos multinacionales (OND,OMS,OPS), el gobierno, y todos los sectores para trabajar cinco puntos: población, puntos (urbano -rural), pertinencia, puntual y políticas.

La equidad en salud es un problema multidimensional que debe ser abordado de forma interdisciplinaria, además es una prioridad de cualquier agenda de gobierno; donde se debe promover el desarrollo a través del aumento de recursos, tecnología y acceso justo, entendiendo las necesidades integrales diferentes que tiene cada población.

Todo el globo forma parte de un sistema capitalista racializado y generizado, sugiriendo que sexismo, racismo, patriarcado, supremacía blanca…o mestiza, no han sido la excepción, sino la norma. Es decir, atraviesan nuestra cotidianidad: se han normalizado y naturalizado de tal manera que muchas veces ni los percibimos.

La supremacía blanca afecta a todo el mundo aunque, a nivel local distintos sistemas racializados manifiestan diferencias importantes. Por ejemplo, en el contexto de América Latina, el mestizaje ha sustentado diversas formas de blanqueamiento en los procesos de formación de Estado – Nación pero, al mismo tiempo, ha sido un escudo para argumentar que aquí, no hay racismo porque, supuestamente, hay una larga historia de mezcla entre culturas. El mestizaje ha actuado como blindaje para argumentar que aquí no hay racismo.

La “ignorancia blanca” -aquella omisión intencional de discusiones sobre racismo ejercida por los grupos dominantes blancos/mestizos- oculta el hecho de que las lógicas estructurales de patriarcado y de racismo operan para reproducir distintas formas de discriminación y de desigualdad: la segregación espacial, el despojo territorial, violencias racializadas y basadas en género, desigualdad en acceso a salud y educación, pobreza.

En la academia misma y, también, dentro de las políticas del Estado, las formas en las que la discriminación racial y el racismo afectan patrones de privilegio, protección, justicia, seguridad, desigualdad, no se han ni teorizado ni trabajado de la misma forma como en el caso de género. Esto es una invitación a ahondar de formas y por caminos similares, como se ha hecho en el caso del género, para atender fenómenos de discriminación racial y racismo.

Igualdad de oportunidades no se traduce en igualdad de resultados. Me parece que a esto último hay que apuntar de manera más duradera. Para ello, es decisivo desmotar la gramática binaria y la creación de estas categorías, y entender, más allá de los binarios, el carácter relacional que existe entre categorías identitarias. Repensar la organización binaria de la realidad conlleva a trabajar en este segundo aspecto de garantizar igualdad de resultados.

Revisar nuestros privilegios: este es un ejercicio que en cualquier aproximación reflexiva a nuestros objetos de estudio y los problemas que caracterizan a nuestras sociedades es algo decisivo preguntarse: cuáles son nuestros privilegios, cómo operan a la hora de condicionar nuestro abordaje e interpretación de la realidad.

La misma idea de la interseccionalidad invita a aprender, a saber escuchar los puntos de vistas y experiencias de múltiples grupos y, a partir de una escucha genuina aprender a generar espacios de conversación en donde esos grupos tengan una participación y una voz más activa.

Posicionarse, decir desde qué lugar se enuncia una cuando se está hablando, es una muy buena práctica que surge, en parte, de los estudios feministas.

En ambientes de educación superior e investigación, tenemos una gran brecha en materia de mujeres investigadoras. Esto responde, también, a que en temas de educación superior, tenemos un embudo: hay una gran cantidad de mujeres que acceden a la educación en pregrado, pero, mientras avanzan, se va cerrando el embudo hasta que tenemos muy pocas mujeres haciendo un doctorado.

Hay dos temas muy importantes que debemos atender con prioridad: i) seguridad económica para las mujeres (Derechos patrimoniales) que atraviesa la vida pública y privada; y ii) la realización de sus derechos a través de la justicia de las mujeres, como la impunidad.

Las ganancias que tenemos hoy a nivel jurídico, político, económico como mujeres, son ganancias, tan recientes y tan débiles que no se nos debe olvidar la importancia de mantenerlas y consolidarlas.

A nivel agroalimentario global, existe una concentración de los mercados de semillas y pesticidas, como resultado de un tipo de desarrollo que impone un modelo agroindustrial para masificar la producción. Existe una demanda mundial de alimentos, pero es necesaria una discusión sobre los modelos agroalimentarios y la valorización de producciones locales y nacionales.

En Colombia se han presentado problemas como la pobreza rural, desigualdades de tierras, acceso a mercados, entre otros. En décadas recientes, existe un déficit comercial agrícola, derivado del contraste entre existencia de tierras de vocación agrícola, y la concentración y mal uso de este recurso. Además, persiste una alta informalidad de la propiedad, dificultad para acceder a asistencia financiera y técnica, y baja protección de los recursos naturales.

La descentralización se ha dirigido más hacia los recursos para la educación y la salud. La pandemia de COVID-19 ha visibilizado el atraso en acceso rural a la conectividad e internet de calidad, afectando a niñas y niños. Otras deficiencias incluye el pésimo estado de las vías terciarias, poca asistencia técnica agropecuaria y problemas con la vivienda de interés social.

La pandemia de COVID-19, en materia de seguridad alimentaria, ha impactado negativamente tanto en lo rural como en lo urbano. En lo urbano, se ha visto en el incremento del desempleo, ingresos precarios, alto costo de vida y disminución de accedo a alimentos, con énfasis en varias regiones. En lo rural, se observa la existencia de ingresos precarios, insumos y transporte costosos, restricción a entrada de cosecheros y agua no potable.

A causa del COVID-19, en Colombia se han notado cambios en la estructura del mercado laboral como el trabajo por horas, trabajo de plataforma, el teletrabajo, entre otros. Sin embargo, persisten los problemas de desempleo, informalidad y la calidad del empleo.

La pandemia ha profundizado las brechas de género; es posible identificar que frente al uso del tiempo de jóvenes menores a 28 años de edad, casi el 60% de las mujeres se dedican a oficios del hogar, mientras que en el caso de los hombres el 42.6% son cesantes, el 12.5% son aspirantes y solo el 11.2% se dedican a oficios del hogar.

De acuerdo a los impactos regionales y sectoriales del confinamiento estricto, se observan diferencias importantes. Sectores como servicios se vieron más afectados, posiblemente por la menor probabilidad de ejecutar teletrabajo.

La recuperación del mercado laboral de Colombia ha sido positiva en torno al desempleo. En septiembre de 2021, el desempleo ascendió a 12.1%, por debajo del mismo mes en 2020 (15.8%) y por encima del 2019 (10.2%), es decir, una tasa cercana a la ocurrida antes de la pandemia; pero aún así la recuperación es bastante lenta.

Los empleos que se han recuperado son de menor calidad, debido a que tienen menos cobertura a la seguridad social y se han concentrado más en el cuentapropismo, característica de la informalidad. Por ello, desde el punto de vista de la recuperación del mercado laboral, no solo deberíamos estar preocupados por recuperar los niveles de empleo sino, también, en recuperar parte de la calidad del empleo.

La crisis del petróleo y energía desencadenó la reestructuración productiva y su organización a escala transnacional, se logró una reducción de costos con la reubicación de actividades productivas, el desarrollo de la informática, electrónica y genética, la subcontratación (informalidad).

Los cambios tecnológicos, de regulación y presión del sector financiero influyeron en la expansión de actividades extractivas en nuevos lugares.

Nuevas formas de contratación (flexibilización y precarización), basados en nuevos tiempos, lugares, tareas y jerarquías han convergido en la pérdida de derechos en pensiones, vacaciones, licencias tanto de maternidad como de paternidad, organización colectiva, entre otros.

El Estado es un gran demandante de productos y servicios. Con ese poder que tiene, a partir de la demanda que genera, puede señalar algunas posibilidades para impactar el mercado interno.

Actualmente, se conceptualiza la distribución de la riqueza que tiene el país por medio del salario y del trabajo. Sin embargo, tenemos una economía basada en la extracción de recursos que genera poco empleo y promueve la exportación a costa del mercado interno. Eso nos obliga a repensar si el salario es la mejor forma de distribución de la riqueza del país, por eso, discusiones acerca de cómo asegurar las mínimas condiciones de vida para todas las personas son imprescindibles.

Tenemos que entender: ¿por qué grandes masas de trabajadores entran a trabajar a las maquilas mexicanas, a las mega explotaciones mineras colombianas, a las grandes empresas de tecnología en China, o el trabajo por plataformas en cualquier lugar, cuando sabemos que todos estos tipos de trabajos tienen muchas deudas pendientes frente a lo que se denomina “trabajo decente”?